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Ley de calidad o ley de uniformización

Comunicado de CCOO - ELA - HERRIKOA - LAB - SORTZEN - STEE-EILAS en Pamplona/Iruña 26/3/02 texto completo en pdf

Quienes avalamos con nuestra firma la valoración que explicitaremos seguidamente consideramos que la mal llamada Ley de Calidad de la Educación supondrá, si finalmente resulta aprobada, el retorno a un tipo de enseñanza propia de épocas que debieran estar felizmente superadas.

Somos conscientes, y así lo hacemos público, de que en la valoración del contenido del texto presentado por la ministra de educación ,cutura y deporte del Gobierno central y en las acciones a realizar de cara a lograr la paralización de este regresivo proyecto no existe coincidencia total entre los organismos firmantes; sin embargo, la gravedad de las consecuencias que podrían derivarse de su aplicación, principalmente en la red pública de enseñanza, hace posible, afortunadamente, esta comparecencia conjunta.

El documento de bases hecho público por Pilar del Castillo en ningún momento ha sido objeto de negociación con los sectores sociales implicados en la educación (estudiantes, madres y padres, profesorado) ni con las distintas Comunidades Autónomas; simplemente se ha impuesto. Por otra parte, su elaboración no es el resultado de una evaluación rigurosa, plural y consensuada del actual sistema.

Frente a la concepción economicista y mercantil derivada de considerar la educación como un artículo de primera necesidad defendemos la consideración de la misma como un derecho fundamental; es más, estimamos que la existencia de una red de Centros pública y suficiente es la forma de garantizar ese derecho.

Es un sofisma hablar de la cultura del esfuerzo como solución para aumentar el rendimiento escolar puesto que el alumnado se esfuerza, básicamente, en función de una motivación positiva y eso es inalcanzable con su inclusión en unos itinerarios basados precisamente en su rendimiento.

El término calidad, en boca de la ministra, adquiere el significado de élite, clasificación y distribución social. Por otra parte, no se entiende que en el apartado de calidad se incluya una profesionalización de las direcciones de los Centros que les alejará de la realidad de las aulas y les convertirá en controladores a las órdenes de la Administración o verificadores de los procesos y resultados.

El derecho a la educación debe empezar desde el momento en que el ser humano es capaz de aprovecharse de ello, esto es, desde que nace y por ello a nadie se le debe imposibiltar ejercerlo por razones económicas, laborales... Es por ello que con respecto al primer ciclo de Educación Infantil, 0-3 años, reclamamos que se asuma su carácter educativo con todas las consecuencias, tal y como viene recogido en la LOGSE. La aceptación de este principio conlleva considerarlo un servicio público gratuito y capaz de ofertar plazas en número suficiente para atender todas las solicitudes recibidas.

Respecto a la Educación Primaria, la no presencia en el currículo de áreas como la educación plástica y la música supone un paso atrás en la formación integral de niñas y niños, y de nuevo sólo el alumnado de determinados estratos sociales podrá desarrollar estas facultades ya que en los colegios concertados ofrecerán estos conocimientos previo pago en forma de asignaturas optativas. No queremos pasar por alto tampoco el perjuicio que causará a las y los docentes de estas asignaturas.

La posibilidad de segregar al alumnado a partir de los 12 años en grupos de refuerzo educativo es una medida discriminatoria que difícilmente colaborará en la elevación del nivel cultural del alumnado y, por tanto, de la sociedad. Nos reafirmamos en nuestro convencimiento de que en la Educación Secundaria se ha de adquirir una formación básica y no debe ser considerada únicamente como un estadio anterior a la inserción en el mercado laboral o a lo que se estudiará con posterioridad. Frente a la potenciación de itinerarios llamados eufemísticamente "más adaptados a sus condiciones" propugnamos la existencia de medidas de apoyo ajustadas a las necesidades reales.

En Bachillerato se pretenden desarrollar primordialmente capacidades para " aplicar las tecnologías de la información..." confundiendo objetivos con los medios o instrumentos para lograr esos objetivos. Con la imposición de la reválida se pretende conformar un único currículo para todo el Estado a la vez que seleccionar lo más barato y lo antes posible al alumnado en su destino final. La exigencia de pasar la reválida para acceder a FP de grado superior deja en situación de precariedad a aquellas personas que hayan aprobado los dos cursos de bachiller pero no superen la prueba final.

En lo referido al alumnado con necesidades educativas específicas se omite toda referencia a las condiciones de escolarización, cuando debería ser una prioridad que est@s alumn@s, tanto extranjer@s como con necesidades educativas especiales , se repartiesen entre todos los centros públcos y concertados de su entorno. Se conculca el derecho de este alumnado a una formación integral y se le empuja al aprendizaje profesional. La creación de "programas de lengua y cultura", que no contemplan la lengua y cultura propias de cada Comunidad, y de "aprendizajes instrumentales básicos" además de dirigirles al mercado laboral con escasa o nula cualificación, los concentrará en la red pública ya que la concertada se escudará, para rechazarlos , en que no ofertan este tipo de programas. Por otra parte, son los centros privados sostenidos con fondos públicos quienes deben eliminar de sus normas de admisión cualquiera que dificulte la escolarización de niñas y niños de otras cuturas y religiones y no a la inversa como se señala en el documento.

Criticamos el déficit democrático que supone la pérdida de competencias tanto del Centro en su conjunto como del claustro y del consejo escolar a quienes se priva de su carácter de órganos de gobierno y se les convierte en meras secciones de participación y control de los Centros. De esta manera se hace desaparecer la posibilidad existente hasta ahora, referida a madres, padres y alumnado, de participar en la toma de decisiones. Además, tras la afirmación de que "la autonomía pedagógica de los centros educativos permitirá que en ellos se ofrezcan proyectos educativos que refuercen y amplíen determinados ámbitos del currículo" se esconde una invitación a los centros privados concertados para que se especialicen en determinados itinerarios y no oferten los más conflictivos que serán el de orientación tecnológica y los programas de iniciación profesional.

En el documento se hace referencia a la posibilidad de contratar personal cualificado que ayude a mejorar el clima de convivencia "en función de las disponibilidades presupuestarias" no entendiendo, por nuestra parte, cómo el clima de convivencia de un Centro deba depender de que exista o no exista presupuesto.

No se hace en todo el texto mención alguna a la necesaria relación del Centro con su entorno lo cual corrobora el marcado carácter centralista de la propuesta y vacía de contenido una de las aportaciones más innovadoras y progresistas contenidas en la LOGSE.

El tan cacareado compromiso de la ministra de solucionar la revalorización de la labor docente se queda en agua de borrajas. En las medidas enumeradas para afianzar el reconocimiento social de las y los docentes no queda reflejado ningún aspecto que no existiera hasta ahora. Los únicos -supuestos- estímulos que se ofrecen son la jerarquización del colectivo privilegiando el acceso a cátedras. Tampoco se aborda seriamente la formación, tanto inicial como permanente, del profesorado.

A la mal llamada " Ley de calidad " le precedieron, entre otras, los Decretos de Enseñanzas Mínimas, la Ley de Humanidades y la Ley Orgánica Universitaria culminando así, de momento, la imposición de la contrarreforma educativa contenida en el programa del PP. El carácter uniformador, centralizador e invasor de competencias de la Ley de bases constituye un ataque directo contra el desarrollo del autogogierno de Navarra, impidiendo con ello la implantación de un modelo educativo propio.*

Las características concretas de los Institutos de Navarra imposibilitarán, en la mayoría de los casos, la aplicación de los distintos itinerarios. Ello no obsta para que nos haya correspondido el triste privilegio de haber servido de laboratorio experimentador de esta contrarreforma. Numerosas normativas legales de aplicación en nuestro ámbito así lo atestiguan. Quienes avalamos este documento desearíamos, por el contrario , que Navarra se distinguiera también por la manifestación de muestras de rechazo a esta regresiva Ley.

30-Sep-2002